El mapa almeriense de la corrupción

Suma y sigue. El desfile de alcaldes, concejales y excargos públicos de los ayuntamientos de la provincia es una estampa ya casi habitual en el día a día de los juzgados almerienses. Almería vive un goteo incesante de declaraciones, vistas y sentencias en los tribunales en los que los políticos son protagonistas que, lejos de frenarse por la crisis, se ha incrementado como uno de los efectos derivados de la burbuja inmobiliaria que estallara años atrás. La mayoría de los pleitos que hoy entran en recta final de condenas y absoluciones son precisamente los relativos a los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio cometidos cuando más apretaba la fiebre del ladrillo. El punto de inflexión se sitúa en abril de 2008 con el estallido de la Operación Costurero por el que se detuvo al alcalde y concejal de Urbanismo de Zurgena, así como de arquitectos, abogados y promotores, pero este aviso para los navegantes de las aguas turbulentas no fue el principio. La Fiscalía de Medio Ambiente había cerrado el ejercicio de 2007 con 13 alcaldes imputados por delitos de prevaricación urbanística. Poco después le siguió el mayor golpe contra la corrupción en Almería, la Operación Poniente, que permitió desmantelar un entramado empresarial montado en torno a la empresa municipal de obras y servicios Elsur. El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, y una veintena de empresarios y técnicos fueron acusados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de dinero y malversación de caudales públicos. Ambos procesos siguen atascados en la Ciudad de la Justicia, el ejidense pendiente todavía de juicio y el zurgenero en medio de un laberinto de sentencias de absolución y condena. De hecho, el Ministerio Público llegó a pedir imputándole un centenar de delitos penas que suman 180 años de prisión y 1.050 de inhabilitación especial para su exalcalde, Cándido Trabalón, quien hoy sigue como concejal de Obras Públicas por el Partido Andalucista, formación en la que curiosamente ya no milita. En los últimos años han sido ya una treintena los alcaldes, concejales y exrepresentantes municipales de los municipios almerienses los que se han tenido que sentar en el banquillo de los acusados, convirtiendo a Almería de una de las provincias de mayor litigiosidad política. Y es que los escándalos no cesan.

De legislaturas anteriores siguen pendientes de resolución la desaparición de cheques de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el vaciado de más de medio millón de euros de las arcas del Patronato Provincial de Turismo a través de facturas falsas. No es la primera vez que la Diputación figura en los sumarios. Durante la alianza de PSOE y el PAL de Enciso se llevó a juicio la polémica de los asesores que no iban a trabajar, si bien la Fiscalía acabó archivando la causa. Años antes fue condenado a pagar el popular José Luis Aguilar casi 6.000 euros por talones no justificados en la gestión de ACL Radio. Y hay mucho más, no sólo en las instituciones locales en las que destacan por recientes las imputaciones de Gabriel Amat y seis concejales de Roquetas por la aprobación de la licencia que permitió la construcción de diez chalés en La Fabriquilla en 2007 y la del alcalde de Albox, Rogelio Mena, para el que la Fiscalía solicita dos años y medio de inhabilitación especial por impedir la labor de la oposición al denegarle expedientes de contratación y facturas. La jueza Alaya mantiene el embargo y cargos al exlíder de los socialistas almerienses, Martín Soler, por el caso de los ERE y mantiene abiertas las investigaciones relativas a los cursos de formación en la provincia. Antes del verano, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil propuso, en un informe policial encargado por el Juzgado Nº 16 de Sevilla en la instrucción del ‘Caso Marismas del Guadalquivir’, la ‘imputación’ de José Luis Sánchez Teruel. Se trata de una causa por presunta corrupción que se tramita en dicho juzgado desde hace siete meses.Además, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) presentó una denuncia con cerca de 10.000 documentos en soporte informático pidiendo a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigara si la empresa Hispano Almería (Halsa) mantuvo durante al menos una década un sistema de pagos ilegales a través de ‘caja b’ al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas que también habrían tenido ramificaciones en Roquetas, Níjar y Vícar, siendo este último un feudo socialista. Los partidos aseguran que los cargos imputados en caso de corrupción, casi mil en España, no tienen sitio en sus listas, pero los acusados repiten año tras años, como se verá en las municipales de mayo. En Almería hay condenas firmes de inhabilitación de cargo especial que se cumplen a duras penas y ni PSOE ni PP han mantenido una posición tajante a la hora de elaborar sus listas y mucho menos en el momento de los pactos. El Ejecutivo de Rajoy ha lanzado en la recta final del año su programa de regeneración democrática con un anteproyecto de ley orgánica de control de la actividad financiera de los partidos, otro de ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la administración general del Estado y se van a endurecer las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción, iniciativas que si se hubieran aplicado en los años de bonanza, cuando las arcas de las instituciones públicas no estaban tiritando como hoy, habrían evitado el saqueo permanente y las irregularidades asociadas, sobre todo en las comarcas del Levante y Almanzora, a la burbuja inmobiliaria por la que se construyeron más de 13.000 viviendas fuera de ordenación.

Precisamente este viernes en la junta provincial del PP, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Almería, Rafael Hernando, defendió que la política es una “profesión de gente muy honesta y honorable pese a unos cuantos corruptos que hemos limpiado”. A su juicio, “ahora hay cosas que se ven en los tribunales que antes no se veían porque sencillamente los que tenían que controlar, miraban para otro lado”. Lo más curioso es que horas antes de su intervención, Hernando había sido condenado por la justicia a pagar 20.000 euros a UPyD de Rosa Díez por lanzar acusaciones falsas sobre su financiación ilegal. Y es que las acusaciones suelen tener a veces más repercusión que los propios delitos y al que señalan suele tomar medidas como en su día hiciera el PP de Alsodux al querellarse contra el exsecretario general del PSOE de Almería, Diego Asensio, por decir que su candidato estaba imputado. A pesar del hartazgo hacia la clase política, no hay que dejar que la presunción de culpabilidad tumbe a la de inocencia. En la provincia son unos cuantos los casos que evidencian que no siempre la imputación acaba en condena. El escándalo de Ohanes obligó al entonces alcalde Juan Francisco Sierra a renunciar a su escaño y también a darse de baja en el partido por una presunta estafa. Años más tarde ha sido absuelto y el empresario que lo incriminó está en la cárcel por una trayectoria poco honorable. Al final todo, incluyendo reproches en el Parlamento de Andalucía, quedó en nada como los señalamientos de los alcaldes populares de Sorbas y Gádor, José Fernández y Eugenio Gonzálvez, acusados de un delito urbanístico y de prevaricación en la adjudicación de contratos respectivamente, o el del exalcalde del PSOE de Huércal Overa, Luis García Collado. Son los menos. Los condenados ya van siendo demasiados, un suma y sigue que debería invitar a reflexionar a la ciudadanía antes de acudir a las urnas en las municipales de mayo.

PUEBLO A PUEBLO 

JUNTA DE ANDALUCÍA Sigue pendiente de juicio el caso de los cheques de la Delegación de Medio Ambiente. El actual delegado, José Manuel Ortiz, denunció que se habían sacado más de 300.000 euros de las cuentas públicas a través de talones al portador y la Audiencia Provincial decidirá en junio de 2015 si mantiene el procesamiento del exdelegado socialista Clemente García y el funcionario Miguel Gallardo. Mientras tanto, la jueza Alaya mantiene el embargo e imputación del exconsejero almeriense Martín Soler por el caso ERE y se investiga el fraude en cursos de formación en Almería. DIPUTACIÓN El vaciado de más de medio millón de euros de las arcas del Patronato Provincial de Turismo a través de facturas falsas mantiene implicados al exvicepresidente de la Diputación, Luis Pérez, a la exsecretaria y jefa del Servicio, María Teresa González, así como a personas con las que mantenían estrechos vínculos y responsables de una decena de empresas por el ordeñamiento de las arcas públicas. 1. ADRA Luis Pérez, era portavoz del PSOE hasta que renunció a su acta a principios de agosto de 2013 al estar implicado en el caso de las facturas falsas del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación. 2. BERJA (Y BALANEGRA) Un juez de Berja decidió incoar diligencias previas contra el alcalde, Antonio Torres, y la alcaldesa de la Entidad Local (ELA) de Balanegra, Mercedes Tapia, al considerar que pudo haber indicios de delito en la construcción en 2009 de un espigón que fue demolido apenas cuatro meses después al haberse ejecutado en zona de dominio público marítimo-terrestre sin la preceptiva autorización. Otro caso salpicó al alcalde al ser imputado por un delito de prevaricación, del que ha sido absuelto recientemente, en el nombramiento en 2007 del jefe de la Policía Local. 3. EL EJIDO Lidera el ranking de corrupción provincial con la Operación Poniente por la que 77 personas, entre ellas el exalcalde Juan Enciso, han sido imputados por cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública. Las sociedades de los principales implicados facturaron de Elsur subcontrataciones en su mayoría “irregulares” de, al menos, 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Pero no solo afectan a la anterior corporación. El Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido archivó recientemente la imputación por tráfico de influencias en relación a un supuesto pelotazo urbanístico al actual alcalde, Francisco Góngora (PP), si bien mantiene los cargos por delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. 4. LA MOJONERA El PSOE ha interpuesto una querella ante el TSJA contra el alcalde José Cara (PP) por su presunta relación con varias filiales de Hispano Almería, empresa investigada por la Fiscalía por supuesta financiación irregular del PP. 5. ROQUETAS El Juzgado de Instrucción 1 citó a declarar en calidad de imputados a seis ediles del Ayuntamiento de Roquetas y al alcalde, Gabriel Amat (PP), por aprobar en 2007 la licencia que permitió la construcción de 10 chalés en la finca La Fabriquilla. Amat también figura en el caso en investigación sobre Hispano Almería al figurar regalos en la contabilidad b y también le han pedido explicaciones por sus reuniones con los implicados en la Operación Tres Reyes. 6. ALHAMA El alcalde Cristóbal Rodríguez (PP) encontró en los cajones deudas que ascienden a 4,3 millones de euros y facturas irregulares durante la anterior legislatura que presidió Francisco Guil (PSOE). El actual alcalde señaló que Guil realizó obras de reforma en su vivienda por más de 300.000 euros de importe sin solicitar licencia municipal, una acusación por la que será el socialista el que lo llevará ante los tribunales. 7. GÉRGAL La exalcaldesa de Gérgal, Leonor Membrives, ordenó la compra de un solar a su sobrino desatendiendo las advertencias del arquitecto municipal según la documentación del sumario tras la declaración de ésta como imputada en el juzgado de Instrucción 1 de Almería. 8. NÍJAR Los socialistas han denunciado irregularidades presuntamente cometidas por el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), en la contratación de obras con empresas del grupo Hispano Almería. Se habrían producido en 2011 y habrían permitido pagar a las empresas del grupo más de 127.000 euros a través de procedimientos que no se ajustaban a ley. Sin embargo, al Ayuntamiento no le consta tal denuncia, un sospechoso paso atrás el de la oposición. Según el alcalde, ese dinero al que se hace referencia es un modificado permitido por ley.  Además, fue archivada la denuncia ante la Fiscalía Provincial de una asociación conservacionista contra el alcalde por no tomar medidas para garantizar la protección del Cortijo del Fraile. De manera que el actual alcalde se mantiene ajeno de cargas e imputaciones judiciales, mientras que elanterior, el socialista Joaquín García, fue absuelto de un delito urbanístico denunciado por los ecologistas a raíz de una permuta de terrenos en Aguamarga pero condenado con anterioridad por otros delitos similares. De hecho, a la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía llego un dossier de los conservacionistas con hasta 18 irregularidades cometidas por la anterior corporación socialista. 9. CARBONERAS El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera imputó como responsables de presuntos delitos de prevaricación y desobediencia a Cristóbal Fernández, exalcalde y a los seis ex ediles del PSOE que en 2009 votaron en pleno a favor de la declaración como urbanizable del sector donde se construyó el hotel de El Algarrobico. Fernández ya había sido condenado e indultado por el Gobierno a raíz de un delito cometido en las elecciones de 1999 por presionar a un conserje a votar a su partido. El actual alcalde, Salvador Hernández (Gicar) también fue imputado y finalmente absuelto de los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia por desatender fallos sobre el hotel. 10. MOJÁCAR La alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano (PP), y los concejales de la comisión de gobierno fueron imputados a finales de 2009 por un presunto delito de prevaricación urbanística relativa a la concesión ilegal de licencia para un chiringuito de temporada instalada en la playa. También fue denunciada y finalmente absuelta de coacciones denunciadas por integrantes de otro partido que grababan los plenos en vídeo. 11. TURRE El exalcalde Arturo Grima (PP) y el que lo sustituyó temporalmente cuando presentó su dimisión en diciembre de 2007, Ramón López, fueron imputados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vera como autores de un presunto delito de prevaricación que tiene como origen la denuncia presentada por los socialistas ante los reiterados intentos de los populares de impedir la moción de censura. 12. BÉDAR La Fiscalía solicitó en enero del año pasado penas de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para cargo público para el exalcalde socialista de Bédar, Miguel Barón, a quien acusa de autorizar en 2003 la construcción de una viviendas unifamiliar sobre suelo no urbanizable y de especial protección en Sierra Cabrera. 13. GARRUCHA Imputación del alcalde, Juan Francisco Fernández (PP), por un presunto delito de malversación de caudales públicos, así como de prevaricación, en relación al uso de 1.380.000 euros de las cuentas bancarias del Ayuntamiento a raíz de la denuncia del PSOE. 14. LUBRÍN Juan López Camacho dejó el 28 de abril de 2008 de ser concejal y diputado provincial a raíz de la imputación de un delito de prevaricación urbanística. 15. ANTAS El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a un año de prisión a la exalcaldesa de Antas, Ana Joaquina García Núñez (PSOE), y a otros tres ediles por un delito de prevaricación al conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable. 16. VERA Imputados el exalcalde de Vera, Félix López (PA) y su junta de gobierno a raíz de una denuncia del actual alcalde ante la Fiscalía por la concesión de una licencia para la construcción de ocho naves industriales pese al informe desfavorable. 17. ALBANCHEZ La Fiscalía Provincial denunció al alcalde, Francisco Martínez, por un presunto delito contra la ordenación del territorio al permitir la construcción en suelo rústico un centenade viviendas. 18. MACAEL El exalcalde socialista del Ayuntamiento de Macael, Juan Pastor, fue citado en calidad de imputado dentro del sumario abierto como consecuencia de la auditoría realizada a las cuentas municipales de su periodo de gestión. 19. SOMONTÍN El alcalde y diputado provincial Ramón Rueda se vio obligado a pedir la baja en el PP y dimitir de su cargo en la Diputación tras ser condenado a siete años y nueve meses de inhabilitación por dar agua a la casa ilegal de su suegro. 20. FINES El alcalde, Rodrigo Sánchez (PP) y su hermano han sido condenados a 21 meses de prisión por realizar obras de desmonte y construir una edificación y una piscina en una finca de su propiedad desobedeciendo las órdenes de paralización de la Junta por tratarse suelo no urbanizables. 21. CANTORIA Pedro Llamas (PP) se vio obligado a dimitir en junio como alcalde de Cantoria para cumplir una condena del Supremo a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por falsedad documental, aunque siguió cobrando como concejal casi 50.000 euros brutos anuales durante un tiempo. Finalmente también renunció a su acta de edil al ser ratificada su condena por el Supremo. 22. ARBOLEAS La excorporación local al completo sigue en proceso de enjuiciamiento en la Audiencia por prevaricación al maniobrar presuntamente para sacar a subasta pública dos solares clasificados como espacios libres que el entonces concejal socialista Antonio Jesús García, quien más tarde accedería a la Alcaldía, quería adquirir para unirlos a la parcela colindante y en la que se levanta la vivienda en la que reside. 23. ZURGENA La Operación Costurero, el primer gran golpe a la corrupción en la provincia, cuenta con más de una veintena de imputados con el actual concejal de Obras Públicas y exalcalde, Cándido Trabalón, al frente de una trama que hizo posible la construcción de un millar de viviendas en suelo no urbanizable. 24. HUÉRCAL OVERA El exalcalde, Luis García Collado (PSOE), fue imputado por la presunta comisión de un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias al redactar el Plan General de Ordenación Urbanística a raíz de una denuncia del PP y recientemente ha sido absuelto. 25. PARTALOA La Fiscalía Provincial de Almería ha presentado denuncia contra el exalcalde de Partaloa, Alejandro López Martínez, tras estudiar la denuncia interpuesta en abril de este mismo año por el actual equipo de gobierno, por el dinero que podría haberse malversado en lugar de destinarse al equipamiento del centro de día. 26. ALBOX El alcalde de Albox, Rogelio Mena (PSOE), ha tenido que solicitar la suspensión temporal de su cargo en la Ejecutiva del PSOE-A como secretario de Ideas y Programas al ser imputado por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos por el que la Fiscalía Provincial solicita dos años y medio de inhabilitación especial por impedir de forma constante la labor de oposición del PP al denegarle diversos expedientes de contratación y facturas relativas a tres empresas incluidas en el Plan de Pago a Proveedores. No obstante, Mena ya ha anunciado que se presentará en mayo como candidato socialista sin esperar a ver la evolución de la causa judicial. No es la primera vez que el alcalde tiene que rendir cuentas ante la justicia. El exalcalde popular Francisco Granero ya lo hizo años atrás por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Su sucesor, el socialista José García Navarro renunció poco después de conocerse que había gastado más de 24.000 euros entre enero de 2009 y septiembre de 2011 en comidas en restaurantes con la Visa del Ayuntamiento, además de computarse otros costes impropios de un ayuntamiento en quiebra como hoteles de lujo en Madrid. El Ministerio Fiscal también llegó a solicitar diez años de inhabilitación especial para José Luis González Wandosell, exconcejal de Urbanismo de Albox, al que se le imputaron los presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, en relación a la construcción de trece viviendas en el Paraje de la Hortichuela. 27. ORIA El exalcalde de Oria, José Pérez Pérez (PSOE), declaró en enero de este año como imputado en el Juzgado de Instrucción de Purchena por varios delitos contra la administración pública. La Fiscalía inició el proceso penal tiempo atrás por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude en subvenciones en el periodo comprendido entre junio de 2007 y junio de 2011. 28. VÉLEZ-RUBIO Imputado un exconcejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, Diego Gea (PSOE) y tres policías locales por supuestas irregularidades en el proceso de selección en las oposiciones para una plaza de Policía Local sin cumplir los requisitos. Serán juzgados en enero 2015. 29. BAYÁRCAL. La Fiscalía Provincial pidió este verano la reapertura de las diligencias instruidas en 2011 y que se llame a declarar en calidad de imputado a Jacinto Navarro Fernández, alcalde de Bayárcal, como empresario empleador del trabajador fallecido. También pide llamar como testigos a Vicente Sánchez Fernández y Juan Arcos Amo, a la acusación paticular a fin de que aporte datos de filiación de los beneficiarios de las prestaciones por el fallecimiento del trabajador Francisco Rovira Rodríguez. Con todo, se requiere Jacinto Navarro, alcalde del Ayuntamiento de Bayárcal, contratante del trabajador fallecido, a fin de que aporte póliza de seguro de responsabilidad civil de cobertura del accidente. 30. DALÍAS. La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, así como el concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Dalías, Francisco Cecilio Gómez, presentaron en noviembre una denuncia en la Fiscalía de Almería contra el alcalde daliense, Jerónimo Robles, por unas supuestas irregularidades en la construcción de la guardería municipal, terminada en 2008, con un presupuesto de un millón de euros.

NOTICIA PUBLICADA EN: blog.grupojoly.com